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Buenos Aires, 23 feb (EFE).- La procuradora (fiscal) general de Argentina, Alejandra Gils Carbó, abogó hoy por un debate para analizar la influencia de la política y la economía en la actividad judicial y denunció que el Poder Judicial “no se depura porque tiene redes corporativas de protección”.

“Es llamativo cuando el poder político y económico inciden en el Poder Judicial”, dijo a Radio América Gils Carbó, quien asumió como procuradora general el pasado agosto en substitución de Esteban Righi.

“De esto se está hablando y está saliendo a la luz, es un tema que merece muchísimo debate”, continuó.

Gils Carbó precisó que nunca ha recibido llamadas desde el Poder Ejecutivo, “pero sí del económico”, aunque se negó a dar más detalles.

Las declaraciones de Gils Carbó siguen a las críticas vertidas en los últimos meses por la presidenta argentina, Cristina Fernández, y miembros de su Gabinete contra los jueces.

El mes pasado, Fernández alertó que existe “un desequilibrio total del sistema democrático”, ya que “jueces gobiernan anulando decisiones propias intransferibles del Ejecutivo y Legislativo” y sugirió la necesidad de “democratizar el Poder Judicial”.