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AI pide a R.Dominicana una ley que resuelva la situación de los hijos de indocumentados

WUVN News
05/09/2014 12:40 PM

Santo Domingo, 9 may (EFE).- Amnistía Internacional (AI) instó hoy a las autoridades dominicanas a asumir “urgentemente” sus responsabilidades en materia de derechos humanos y presentar un proyecto de ley que resuelva la situación de los hijos de inmigrantes indocumentados, a los que se les niega la nacionalidad.

AI dijo que el último aplazamiento del diálogo entre los gobiernos haitiano y dominicano, en el que se trata el asunto migratorio tras la sentencia del Tribunal Constitucional que niega la nacionalidad a los hijos de indocumentados y que afecta especialmente a los haitianos, “demuestra la falta de disposición de las autoridades dominicanas a asumir sus responsabilidades en materia de derechos humanos respecto a la comunidad afectada”.

La sentencia emitida en septiembre pasado por el tribunal dominicano, “fue la última decisión, y la más dramática, de una larga historia de discriminación contra las personas dominicanas de ascendencia haitiana. Se cree que miles de personas han perdido su nacionalidad dominicana y se han convertido en apátridas”, según AI.

El asesor especial de AI, Javier Zúñiga, dijo que “tras la sentencia, las autoridades dominicanas, incluido el presidente Danilo Medina, mostraron una actitud alentadora al manifestar su disposición a encontrar una solución adecuada que respetara los derechos humanos de las miles de personas afectadas”.

Sin embargo, “esa promesa se está desvaneciendo rápidamente, y las personas dominicanas de ascendencia haitiana se encuentran atrapadas en una situación en la que se ven comprometidos sus derechos fundamentales, entre ellos, los derechos a una identidad y a una nacionalidad”, subrayó.

Zúñiga recordó que los gobiernos haitiano y dominicano acordaron celebrar una reunión de máximo nivel para encontrar una solución adecuada, después de que en enero y febrero de 2014 se llevaran a cabo dos rondas de diálogos bilaterales con la participación del Gobierno de Venezuela, la Unión Europea y CARICOM.

El tercer diálogo estaba inicialmente previsto para el 12 de marzo, pero se ha aplazado en cinco ocasiones, la última, ayer en Puerto Príncipe.

Aunque la tercer ronda fue aplazada sin fecha, se celebró una reunión de los ministros de Salud y Comercio de ambos países, en la capital haitiana, y una de los ministros de Turismo e Interior, en Santo Domingo.

“El motivo de este último aplazamiento parece ser el retraso del Gobierno en presentar al Congreso dominicano un anteproyecto de ley para resolver la crisis de derechos humanos creada por la sentencia del Tribunal Constitucional”, consideró el asesor de AI.

El Gobierno dominicano, agregó Zúñiga, “ha prometido reiteradamente introducir ese anteproyecto de ley desde principios de año, pero en estos momentos parece que no existe una voluntad política de hacerlo”.

Mientras tanto, “las personas dominicanas de ascendencia haitiana que se han visto privadas de su nacionalidad dominicana siguen viendo violado su derecho a acceder a servicios sociales, incluidos servicios de educación y salud, y ven cómo se les niegan también derechos humanos fundamentales como el derecho a viajar, a contraer matrimonio, a formar una familia y a trabajar”, insistió.

Zúñiga opinó que “la situación es dramática y necesita una solución urgente” por lo que instó a las autoridades dominicanas a “actuar sin demora y seguir las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, que ha pedido al país que devuelva la nacionalidad a quienes se han visto privados de ella por la sentencia “sin exigirles que se registren como extranjeros como requisito previo para que se reconozcan sus derechos”.

De acuerdo con el asesor especial de AI, “a las personas dominicanas de ascendencia haitiana se les está negando el acceso a sus documentos de identidad no sólo desde septiembre de 2013, sino desde hace ya más de una década, y su vida se encuentra en un limbo total”.

“Resulta preocupante que, cada vez que se plantea la situación creada por la sentencia del Tribunal Constitucional, las autoridades dominicanas se refieran a ella como una cuestión de inmigración, no como una cuestión de nacionalidad”, argumentó.

Las personas afectadas “no son inmigrantes que hayan llegado a la República Dominicana. Nacieron en el país y, en el momento de su nacimiento, tuvieron derecho a la nacionalidad dominicana”, concluyó.